De los 33 millones a las extorsiones: Raciel Pérez pone en jaque a Tlalnepantla mientras es investigado por posible colaboración con la Familia Michoacana
Dinero público bajo investigación, agentes señalados y ciudadanos presuntamente extorsionados. Las administraciones de Raciel Pérez Cruz en Tlalnepantla enfrentan una cadena de cuestionamientos que va de un expediente por más de 33 millones de pesos a casos recientes dentro de las propias estructuras municipales.
El antecedente se remonta al gobierno de 2019 a 2021. Una denuncia llevó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a investigar el ejercicio presuntamente irregular de 33 millones 34 mil 248 pesos vinculados con la operación del relleno sanitario.
En ese expediente aparecieron contratos con TANDEM RIDE y señalamientos sobre pagos realizados pese a presuntas deficiencias en la capacidad de la empresa para prestar los servicios comprometidos. La investigación puso bajo presión los controles administrativos de aquel gobierno.
Años después, y con Pérez Cruz nuevamente en la presidencia municipal, otro problema encendió las alertas: la extorsión atribuida a integrantes de las propias estructuras del Ayuntamiento.
En junio de 2026, el alcalde informó que se habían fincado responsabilidades a 180 policías y agentes de tránsito por diversas conductas, entre ellas actos de extorsión. La magnitud de la cifra proyectó una imagen alarmante sobre la disciplina y supervisión interna de la corporación.
En el mismo periodo, tres servidores públicos de Desarrollo Urbano fueron presentados ante la Fiscalía Anticorrupción para que se determinaran posibles responsabilidades.
El problema reapareció en agosto, cuando cuatro policías municipales fueron detenidos por su presunta participación en actos de cohecho y extorsión contra un transportista. Otra vez, el uniforme municipal quedó asociado a acusaciones que golpean directamente la confianza ciudadana.
Por separado, se han difundido señalamientos contra personas acusadas de pedir dinero a comerciantes mientras se presentaban como funcionarios. También se ha afirmado que algunos involucrados habrían actuado como operadores políticos de Raciel Pérez; sin embargo, esa relación requiere evidencia adicional para considerarse acreditada.
Los episodios abren un cuestionamiento inevitable sobre los controles internos de gobiernos encabezados por Pérez Cruz en dos áreas especialmente sensibles: el manejo de recursos públicos y las prácticas de extorsión que impactan a ciudadanos, transportistas y comerciantes.
No existe evidencia suficiente para afirmar que el expediente de los 33 millones y las presuntas extorsiones formen parte de una misma operación, ni para atribuir directamente al alcalde las conductas individuales de los servidores u operadores señalados.
Lo que sí revelan ambos frentes es una constante incómoda: administraciones encabezadas por Raciel Pérez Cruz han quedado repetidamente bajo cuestionamiento por recursos públicos, contrataciones y actuaciones atribuidas a personas vinculadas con estructuras gubernamentales.