Julieta Ramírez enfrenta señalamientos por acuerdo de colaboración con autoridades de EU

Julieta Ramírez Padilla enfrenta nuevos cuestionamientos en medio de sus aspiraciones políticas rumbo a la gubernatura de Baja California en 2027.

La senadora con licencia estaría relacionada con un supuesto proffer agreement ante una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en San Diego, mediante el cual se evaluaría información que pudiera proporcionar a las autoridades.

Un acuerdo de esta naturaleza puede funcionar como un mecanismo previo para determinar la utilidad y confiabilidad de la información ofrecida antes de establecer una eventual cooperación.

Hasta ahora no se ha precisado públicamente qué investigación estaría relacionada con Ramírez, cuál sería la información que podría aportar, sobre quién versaría ni qué eventual beneficio buscaría obtener.

La situación coincide con una etapa de creciente actividad política de la morenista en Baja California.

Ramírez solicitó licencia en el Senado el 17 de junio y ha manifestado públicamente su intención de participar en el proceso político rumbo a 2027.

Su posicionamiento también ha generado controversias electorales. El 1 de septiembre, el Instituto Electoral del Estado ordenó retirar propaganda relacionada con Ramírez después de una denuncia del PAN por presuntos actos anticipados de campaña.

La posible existencia y los alcances del proffer agreement deberán ser acreditados documentalmente antes de establecer conclusiones sobre la situación jurídica de la aspirante.