Nuevo México demanda al Gobierno de EU por ocultar información sobre polémicos operativos de la DEA con fentanilo
La controversia por los operativos de la DEA con fentanilo llegó a los tribunales después de que el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, demandara al Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener información sobre las investigaciones federales.
La controversia por los operativos de la DEA con fentanilo llegó a los tribunales después de que el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, demandara al Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener información sobre las investigaciones federales.
Torrez busca conocer quién autorizó las decisiones que habrían permitido que grandes cantidades de fentanilo continuaran circulando mientras agentes federales investigaban a organizaciones criminales.
La demanda fue presentada ante una corte federal en Albuquerque después de que, según el fiscal, las autoridades federales se negaran a entregar información solicitada por Nuevo México.
La investigación estatal comenzó tras las denuncias de agentes y exagentes de la DEA sobre una práctica conocida como fentanyl walking.
Entre 2023 y 2025, agentes habrían vigilado cargamentos y ventas sin decomisar inmediatamente las drogas para evitar comprometer investigaciones de mayor alcance.
Determinar las consecuencias exactas será complicado porque no existe certeza sobre cuántas de las pastillas no aseguradas llegaron finalmente a consumidores ni si estuvieron relacionadas directamente con muertes por sobredosis.
El contexto aumenta la preocupación: durante el periodo señalado, las muertes por consumo excesivo de drogas en Nuevo México aumentaron 21%, mientras a escala nacional disminuyeron 14%.
Esa coincidencia no demuestra por sí misma que los operativos de la DEA provocaran el incremento.
Torrez busca precisamente establecer qué ocurrió con los cargamentos, quién autorizó las decisiones y si se incumplieron protocolos destinados a proteger a la población.
La DEA rechaza las acusaciones y asegura que sus acciones estuvieron dentro de la legalidad y las directrices aplicables.