Acusan a Julieta Ramírez de usar recursos de Bienestar para impulsar su proyecto rumbo a 2027
Las aspiraciones de Julieta Ramírez para convertirse en candidata de Morena a la gubernatura de Baja California quedaron bajo nuevos cuestionamientos por acusaciones sobre un presunto uso político de recursos y estructuras de la Secretaría de Bienestar estatal para fortalecer su proyecto rumbo a 2027.
Los señalamientos apuntan a una estructura relacionada con el exsecretario de Bienestar Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, cercano políticamente a Ramírez, desde la cual presuntamente se habrían aprovechado programas gubernamentales, operadores y personal para construir una base territorial favorable a la senadora.
Una de las acusaciones sostiene que hasta 72 por ciento de determinados apoyos y programas asistenciales habría sido concentrado entre militantes u operadores relacionados con ese círculo político. Sin embargo, el porcentaje deberá ser respaldado mediante padrones, auditorías y documentación oficial que permita conocer cómo fue calculado.
Otro de los señalamientos apunta al presunto uso de personal interino y estructuras educativas para realizar actividades políticas. Trabajadores habrían sido presionados mediante la posibilidad de perder contratos o plazas para participar en tareas territoriales e incluso elaborar listados de ciudadanos con información de sus credenciales electorales.
También se acusa que autobuses, vehículos y otros recursos relacionados con estructuras gubernamentales habrían servido para movilizar asistentes a eventos vinculados con la promoción de Julieta Ramírez, algunos de ellos presentados públicamente como actividades legislativas.
Las acusaciones incluyen además supuestas reuniones privadas con empresarios y operadores políticos para obtener aportaciones a cambio de expectativas relacionadas con contratos, puestos administrativos o espacios dentro de futuros gobiernos. Estos señalamientos también requieren pruebas que permitan establecer si existieron aportaciones y posibles contraprestaciones.
El punto central es determinar si recursos destinados originalmente a atender necesidades sociales terminaron siendo aprovechados para construir una estructura electoral alrededor de Julieta Ramírez.
De comprobarse un uso de recursos materiales, humanos o presupuestales gubernamentales para beneficiar sus aspiraciones, podrían surgir cuestionamientos y eventuales responsabilidades en materia administrativa y electoral.
Por ello, padrones de beneficiarios, pólizas de gasto, contratos, registros de vehículos y auditorías serán fundamentales para esclarecer qué ocurrió.
Hasta ahora, las acusaciones proporcionadas no acreditan por sí mismas que Julieta Ramírez haya ordenado o participado directamente en un uso irregular de recursos públicos. Sin embargo, colocan bajo escrutinio el origen de la estructura que estaría acompañando su proyecto rumbo a 2027.
La pregunta que deberán responder las autoridades es clara: ¿Bienestar trabajó exclusivamente para atender a los bajacalifornianos o parte de su estructura terminó utilizada para impulsar las aspiraciones políticas de Julieta Ramírez?